Será que por fin tendremos una lección aprendida o tendrán que pasar nuevamente once años para haberlo olvidado y nuevamente impulsar la participación ciudadana desde el escritorio o debería decir desde la curul sin análisis ni diagnóstico.
Hace once años votó el 11% del padrón de los habitantes del Distrito Federal con campañas abiertas, propaganda y carteles por la calles. Desde entonces muchas elecciones locales y presidenciales pasaron por las urnas y la ciudadanía siempre demostrando un buen porcentaje de participación, quizás entre los más altos de país. Así que no se nos puede acusar de apáticos ya que hasta tuvimos el porcentaje más alto en voto nulo del país con el 12%. Pero a diferencia de nuestros diputados y diputadas de la asamblea, nosotros, la ciudadanía, sí hemos aprendido por lo menos una lección “No le creas a las y los candidatos que lo que dicen, no lo cumplen” no importa el partido y ahora ni la colonia ni el pueblo.
No sé quien les dijo que la democracia, la legitimidad y la transparencia de los procesos se construye con prácticas de la menor visibilidad de propuestas y si no díganme si no fue absurdo prohibir la propaganda. Y sí, entiendo el fondo, no saturar la ciudad de panfletos pero de plano nada o más aún las propuestas sólo se pueden entregar en mano de los vecinos, nada debajo de las puertas o enganchada en los portones como hace la propaganda de los súper. Yo pregunto ¿porqué?, qué de malo tiene dejar las propuestas ¿Cómo se imaginaron que nos íbamos a informar? Es que las planillas tendrían que “luchar por nuestro voto” salir y buscarlo y entonces tener un voto informado? Si todos sabemos que entre menos voten mejor para muchos., sin con que salgan algunos a votar ya se reconoció el proceso sólo era cuestión de asegurar algunos votos.
Además la mayor parte de las personas salimos a trabajar no estamos en casa. A mí, por ejemplo, nunca me encontraron y lo que es peor aún, ni siquiera sé si me buscaron. Eso sí. Una gran campaña mediática del IEDF por Internet, medios de comunicación y carteles para saber que el 24 de octubre eran las elecciones y concluyeron que ése era el mensaje más importante pero no era el único: también había que saber por quien votar.
Luego el temor. Que los partidos políticos no se apoderaran de ésta que eran unas elección de ciudadanos no de partidos, así decía el slogan. Es decir, de entrada reconociendo una incongruencia, hasta donde yo sé en las elecciones todas votan las personas, nunca he visto votar a partidos o quizá lo que quisieron decir es que éstas si serían democráticas, legítimas y transparentes y no como ésas en donde los y las candidatas son militantes de partidos políticos. Éste sí sería un ejercicio de participación ciudadana, hecho que de entrada nos ponía a la defensiva, es decir además de todo había que tener cuidado y no dejarte embaucar por aquellos lobos con piel de oveja.
En fin, las elecciones de una muerte anunciada. Cómo quieren que les digamos que así no queremos participar, que las formas que inventan para nosotros serían mejores si se dedicaran un poco de su tiempo a investigar, analizar, diagnosticar y entonces sí hacer una ley de participación ciudadana que esté llena de certezas, pero no, el único formato que los y las legisladores reconocen como democrático es el de votar, será porque de ahí provienen, del voto directo o indirecto. Ya entenderán que la democracia y la participación ciudadana es más que una urna. Ojala esta sea una lección aprendida y no quieran acusarnos de apáticos por no querer jugar el juego que ellos se saben.
Por lo pronto cada colonia y pueblo del DF tendrá su consejo o comité. Ojala no pasen otros 11 años para renovarlos y ojala podamos hacer un ejercicio de exigibilidad y de rendición de cuentas a estos ciudadanos y ciudadanas que en busca del bien común son ahora nuestros representantes.
lunes, 1 de noviembre de 2010
martes, 19 de octubre de 2010
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS.
La promoción y protección de los derechos humanos son el eje central de cualquier sistema democrático, así como indicador de bienestar y de gobernabilidad. El respeto total a los derechos humanos es indispensable para una consolidación real de la democracia, el fortalecimiento del Estado de derecho y el aumento de la cohesión social. Debido a su naturaleza, los derechos humanos están presentes en todas las actividades del Estado y en todos los ámbitos en los que éste tiene injerencia.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.
Diagnóstico.
El hacer Diagnósticos da la posibilidad de tener un referente sobre la situación que guarda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades públicas en derechos humanos.
El eje central del Diagnóstico es el análisis de los derechos y de los grupos de población, su elaboración tiene por objeto identificar los principales obstáculos que impiden a las personas que transitan o habitan en los países, ciudades y municipios el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos.
El enfoque que debe tener un diagnostico de esta índole esta basado en la revisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales, nacionales y locales del Estado.
Programa.
El Programa es el paso obligado a continuar una vez identificados los obstáculos. Con él se logrará orientar las actividades que realizan todas y todos los actores que conforman la entidad. Su objetivo es construir líneas de acción y presupuestarias que garanticen la implementación de políticas públicas que eliminen estos obstáculos, asignando responsables, corresponsales y plazo para su cumplimiento
Un programa de derechos humanos no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas públicas. Es por esto que elaborar un Programa constituye una inigualable oportunidad para transformar las políticas, los programas y la legislación, a fin de lograr el efectivo cumplimiento y la garantía de los derechos humanos para todas las personas.
Los programas de derechos humanos buscan ser de Estado, es decir, buscan trascender estilos, particularidades y periodos de gobiernos específicos.
Implementación, Seguimiento y Evaluación.
Para la implementación de las líneas de acción del Programa, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las mismas, se requiere de voluntad política, acuerdos y compromisos así como la participación ciudadana.
La conformación de un Comité que coordine los trabajos del Diagnostico y Programa y posteriormente de la implementación, seguimiento y la evaluación, debe responder a la pluralidad y la igualdad en la toma de decisiones entre los y las integrantes, garantizando así la transparencia en los resultados y los acuerdos. En un ejercicio democrático con la participación de Gobiernos. Sociedad Civil organizada, Academia, Organismo autónomos de derechos Humanos y como observadores la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos e Naciones Unidas.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.
Diagnóstico.
El hacer Diagnósticos da la posibilidad de tener un referente sobre la situación que guarda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades públicas en derechos humanos.
El eje central del Diagnóstico es el análisis de los derechos y de los grupos de población, su elaboración tiene por objeto identificar los principales obstáculos que impiden a las personas que transitan o habitan en los países, ciudades y municipios el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos.
El enfoque que debe tener un diagnostico de esta índole esta basado en la revisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales, nacionales y locales del Estado.
Programa.
El Programa es el paso obligado a continuar una vez identificados los obstáculos. Con él se logrará orientar las actividades que realizan todas y todos los actores que conforman la entidad. Su objetivo es construir líneas de acción y presupuestarias que garanticen la implementación de políticas públicas que eliminen estos obstáculos, asignando responsables, corresponsales y plazo para su cumplimiento
Un programa de derechos humanos no puede ni debe estar desvinculado o aislado del resto de la planeación del Estado, sino que debe ubicarse en relación con el resto de sus programas y políticas públicas. Es por esto que elaborar un Programa constituye una inigualable oportunidad para transformar las políticas, los programas y la legislación, a fin de lograr el efectivo cumplimiento y la garantía de los derechos humanos para todas las personas.
Los programas de derechos humanos buscan ser de Estado, es decir, buscan trascender estilos, particularidades y periodos de gobiernos específicos.
Implementación, Seguimiento y Evaluación.
Para la implementación de las líneas de acción del Programa, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las mismas, se requiere de voluntad política, acuerdos y compromisos así como la participación ciudadana.
La conformación de un Comité que coordine los trabajos del Diagnostico y Programa y posteriormente de la implementación, seguimiento y la evaluación, debe responder a la pluralidad y la igualdad en la toma de decisiones entre los y las integrantes, garantizando así la transparencia en los resultados y los acuerdos. En un ejercicio democrático con la participación de Gobiernos. Sociedad Civil organizada, Academia, Organismo autónomos de derechos Humanos y como observadores la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos e Naciones Unidas.
miércoles, 18 de agosto de 2010
“Otra mirada católica del aborto”,
Como Católica que soy por legado familiar y por convicción que no es más que el derrame del don del Espíritu Santo en su infinita sabiduría y misericordia y en ese seguimiento a Jesús como quien nos enseño como llegar al padre, que seguro por su manera de amarnos es mas bien madre, las felicito compañeras de Católicas por el derecho a decidir por su campaña “Otra mirada católica del aborto”, y ayudarnos a mantenernos dentro de nuestra decisión de ser Católicas sin necesidad de desprendernos de nuestra naturaleza de ser mujeres o de tener que optar entre nuestra liga con la fe o nuestra derecho a decidir.
No dejara nunca de sorprenderme el que la madre Iglesia pueda concebir un derecho canónico que sancione siendo que el principio es amarnos los unos/unas a los otros y siempre perdonar, pero ya que existe, me serena el saber que el canon 1323 es sensible a la realidad, muchas veces dura que vivimos de todos los días, y que éste canon sea aplicable a las mujeres católicas que deciden abortar. Porque aquí en el mundo real donde no tenemos ni sotana, ni hábito que nos de concesión, estas causales hacen regresa a mi mente y espíritu la tranquilidad al confirmar las palabras de Jesús cuando en el sermón de la montaña digo “Bienaventurados los/las que lloran, porque ellos/ellas recibirán consolación.”
No dejara nunca de sorprenderme el que la madre Iglesia pueda concebir un derecho canónico que sancione siendo que el principio es amarnos los unos/unas a los otros y siempre perdonar, pero ya que existe, me serena el saber que el canon 1323 es sensible a la realidad, muchas veces dura que vivimos de todos los días, y que éste canon sea aplicable a las mujeres católicas que deciden abortar. Porque aquí en el mundo real donde no tenemos ni sotana, ni hábito que nos de concesión, estas causales hacen regresa a mi mente y espíritu la tranquilidad al confirmar las palabras de Jesús cuando en el sermón de la montaña digo “Bienaventurados los/las que lloran, porque ellos/ellas recibirán consolación.”
martes, 8 de junio de 2010
Ponencia en el “Foro Ciudadano: Políticas Públicas urgentes para el Distrito Federal”: Mesa discusión sobre Reforma Política
Una ciudad con 1,485 Km2 de superficie a 2,200 metros a nivel del mar, dividida en 16 delegaciones políticas donde se ubican 482 localidades. Está habitada por 8´720,916 habitantes, 53% mujeres y 48% hombres, lo que representa 8.4% de las 103’263,388 personas que suman el total de la nación. Esta ciudad se ubica como la segunda entidad más poblada del país y tiene el primer lugar nacional por su contribución al Producto Interno Bruto del país con el 21.5%. Esta ciudad, es la Ciudad de México y sus habitantes no gozan de derechos políticos plenos.
México esta integrado por 32 entidades políticas autónomas y con idénticas facultades pero sólo una de ellas, el Distrito Federal, tienen un régimen jurídico diferenciado el resto. El principal razonamiento que en su momento se usó para otorgar el gobierno del Distrito Federal a la presidencia de la República y no ha sus habitantes como en el resto de las entidades del país, fue que el DF es el asiento de los poderes federales e incluso se dijo que su naturaleza (ser un distrito federal) impedía que tuviera poderes locales. Sin embargo el principio que rige la formación de las federaciones es el trato igualitario entre las federativas que lo conforman
El Distrito Federal ha tenido un largo proceso de reforma políticas. En 1861 Benito Juárez expidió un decreto con el que se dividió el territorio del DF en la municipalidad de México, ejerciendo la autoridad un gobernador que era nombrado por el Presidente de la República. Porfirio Díaz también promovió varias reformas para el DF con el apego a la consigna “poca política mucha administración”. En 1903 se promulgó la Ley de Organización Política y Municipalidad Federal, en la cual el congreso determinó que el orden administrativo político y municipal dependiera del Presidente por conducto de la Secretaría de Gobernación. En 1917 el Constituyente nuevamente debatió la necesidad de dotar a los poderes federales de una sede en un espacio amplio autónomo suficiente y que pudiera ejercer sus funciones de forma integral y se estableció el Distrito Federal como parte integral de la Federación. En abril de 1928 Álvaro Obregón envió una iniciativa que reformaba sustancialmente las bases constitucionales sobre las cuales el Congreso podía legislar en lo relativo al Distrito Federal. Se suprimió la elección popular, lo cual implicó un duro golpe a los derechos políticos de los habitantes del DF al no poder ser votados y votar, lo cual atenta contra el Capitulo I de las garantías individuales de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Como enunciamos, muchas fueron las Reformas políticas que sufrió el D. F. y las violaciones de los derechos políticos de los y la ciudadanas eran ocultados bajo diversos argumentos, tales como “al elegir al Presidente de la República los capitalinos estaban también eligiendo al Poder ejecutivo de su localidad y por lo tanto no se violaban sus derechos políticos y lo mismo sucedía en el poder legislativo”, de esta forma los poderes federales tendían una doble representatividad para toda la República y para el Distrito Federal, pero la verdad era que todos los ciudadanos del país que votaban decidían también por lo que pasaba en el DF.
En 1986 se logró echa andar un proceso de reforma de la estructura política del DF: “la renovación política electoral” mediante la cual se modificó el artículo 73 fracción VI constitucional. De dicho proceso surgió la Asamblea de Representantes del DF. Después vino la reforma de 1993 en la que se otorgan facultades legislativas a la Asamblea de Representantes del DF. La reforma constitucional de 1996, como tercer y último proceso importante de reforma del marco político del DF, se llevó a cabo sobre el artículo 122 de la Constitución, que consolidó la figura de Jefe de Gobierno del DF y cambió el poder legislativo local al de Asamblea Legislativa del DF y el voto ciudadano por la elección en las Delegaciones.
En 1998 se creó el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 26 de noviembre de 1998 se promulgó la nueva ley de Participación Ciudadana para que finalmente el 4 de julio 1999 se llevaran acabo elecciones en el Distrito Federal.[2]
Cuando hablamos de políticas públicas urgentes para el Distrito Federal, necesariamente nos referimos a la Reforma Política para el DF ya que está en entre dicho el ejercicio democrático de los y las capitalinas al ser discriminados en sus derechos políticos. Decimos que para defender el derecho a la no discriminación debemos alcanzar la igualdad, que busca eliminar toda distinción, exclusión o restricción que esté basada en cualquier tipo de diferencia, sea por sexo, por edad, etnia, territorio, etc. y que tenga por objeto o resultado asegurar los derechos humanos como las libertades fundamentales de las personas.
El Estado está obligado a tratar a todas y todos sus habitantes en igualdad de circunstancias, es un principio que desde el marco del derecho y del Estado busca normar las relaciones, bajo supuestos de que todas las personas son reconocidas con igualdad humana y libertad. Esta libertad implica el reconocimiento en las personas de ser sujetos de razón, y por lo tanto de su capacidad para decidir, en su propia vida y en la sociedad. A las y los que habitamos en el Distrito Federal se nos había negado el reconocimiento precisamente de ésta capacidad y derecho que tenemos para decidir a nuestro gobernantes, secretarios, techo presupuestario, políticas públicas que queremos. etc. como lo hacen el resto de las entidades federativas del país.
La eliminación de la discriminación está en relación directa con la democracia y la participación ciudadana, pues asegura su intervención en los procesos de elección de los gobernantes. El desarrollo democrático, debe estar presente en los procesos electorales y en políticas publicas, por ello el resguardo de los derechos humanos es la tarea por excelencia de la democracia.
Hoy hay varios postulados sobre cómo debe ser esta reforma política del DF que apuntalan con claridad el dejar en manos del jefe de Gobierno del DF aspectos como la elección del Procurador y Secretario de Seguridad Publica, transferir la facultad del indulto, así como el poder presentar reformas Constitucionales, el techo presupuestario y la regularización de las Delegaciones entre otras. Lo importante, será ahora apuntalarlos y construir un posición fuerte desde los y las legisladoras garantizando la participación ciudadana, buscando los consensos y en este entendido es indispensable que seamos las y los que vivimos en el DF los responsables de diseñar nuestra Constitución y no dejar en manos de legisladores de otras entidades federativas este trabajo pues una vez más estaríamos repitiendo esquemas de pasado al no reconocer la capacidad de los y las capitalinas de discutir el contenido de nuestra Constitución que estaría basado en la experiencia y en el derecho que nos da el vivir en esta Ciudad que si es de todos los y las mexicanas es también es en dónde dormimos, trabajamos, estudiamos, usamos servicios de salud y pagamos impuestos ochos millones de defeños todos los días.
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diagnostico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Constitución del Distrito Federal – Comisión Redactora
México esta integrado por 32 entidades políticas autónomas y con idénticas facultades pero sólo una de ellas, el Distrito Federal, tienen un régimen jurídico diferenciado el resto. El principal razonamiento que en su momento se usó para otorgar el gobierno del Distrito Federal a la presidencia de la República y no ha sus habitantes como en el resto de las entidades del país, fue que el DF es el asiento de los poderes federales e incluso se dijo que su naturaleza (ser un distrito federal) impedía que tuviera poderes locales. Sin embargo el principio que rige la formación de las federaciones es el trato igualitario entre las federativas que lo conforman
El Distrito Federal ha tenido un largo proceso de reforma políticas. En 1861 Benito Juárez expidió un decreto con el que se dividió el territorio del DF en la municipalidad de México, ejerciendo la autoridad un gobernador que era nombrado por el Presidente de la República. Porfirio Díaz también promovió varias reformas para el DF con el apego a la consigna “poca política mucha administración”. En 1903 se promulgó la Ley de Organización Política y Municipalidad Federal, en la cual el congreso determinó que el orden administrativo político y municipal dependiera del Presidente por conducto de la Secretaría de Gobernación. En 1917 el Constituyente nuevamente debatió la necesidad de dotar a los poderes federales de una sede en un espacio amplio autónomo suficiente y que pudiera ejercer sus funciones de forma integral y se estableció el Distrito Federal como parte integral de la Federación. En abril de 1928 Álvaro Obregón envió una iniciativa que reformaba sustancialmente las bases constitucionales sobre las cuales el Congreso podía legislar en lo relativo al Distrito Federal. Se suprimió la elección popular, lo cual implicó un duro golpe a los derechos políticos de los habitantes del DF al no poder ser votados y votar, lo cual atenta contra el Capitulo I de las garantías individuales de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Como enunciamos, muchas fueron las Reformas políticas que sufrió el D. F. y las violaciones de los derechos políticos de los y la ciudadanas eran ocultados bajo diversos argumentos, tales como “al elegir al Presidente de la República los capitalinos estaban también eligiendo al Poder ejecutivo de su localidad y por lo tanto no se violaban sus derechos políticos y lo mismo sucedía en el poder legislativo”, de esta forma los poderes federales tendían una doble representatividad para toda la República y para el Distrito Federal, pero la verdad era que todos los ciudadanos del país que votaban decidían también por lo que pasaba en el DF.
En 1986 se logró echa andar un proceso de reforma de la estructura política del DF: “la renovación política electoral” mediante la cual se modificó el artículo 73 fracción VI constitucional. De dicho proceso surgió la Asamblea de Representantes del DF. Después vino la reforma de 1993 en la que se otorgan facultades legislativas a la Asamblea de Representantes del DF. La reforma constitucional de 1996, como tercer y último proceso importante de reforma del marco político del DF, se llevó a cabo sobre el artículo 122 de la Constitución, que consolidó la figura de Jefe de Gobierno del DF y cambió el poder legislativo local al de Asamblea Legislativa del DF y el voto ciudadano por la elección en las Delegaciones.
En 1998 se creó el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 26 de noviembre de 1998 se promulgó la nueva ley de Participación Ciudadana para que finalmente el 4 de julio 1999 se llevaran acabo elecciones en el Distrito Federal.[2]
Cuando hablamos de políticas públicas urgentes para el Distrito Federal, necesariamente nos referimos a la Reforma Política para el DF ya que está en entre dicho el ejercicio democrático de los y las capitalinas al ser discriminados en sus derechos políticos. Decimos que para defender el derecho a la no discriminación debemos alcanzar la igualdad, que busca eliminar toda distinción, exclusión o restricción que esté basada en cualquier tipo de diferencia, sea por sexo, por edad, etnia, territorio, etc. y que tenga por objeto o resultado asegurar los derechos humanos como las libertades fundamentales de las personas.
El Estado está obligado a tratar a todas y todos sus habitantes en igualdad de circunstancias, es un principio que desde el marco del derecho y del Estado busca normar las relaciones, bajo supuestos de que todas las personas son reconocidas con igualdad humana y libertad. Esta libertad implica el reconocimiento en las personas de ser sujetos de razón, y por lo tanto de su capacidad para decidir, en su propia vida y en la sociedad. A las y los que habitamos en el Distrito Federal se nos había negado el reconocimiento precisamente de ésta capacidad y derecho que tenemos para decidir a nuestro gobernantes, secretarios, techo presupuestario, políticas públicas que queremos. etc. como lo hacen el resto de las entidades federativas del país.
La eliminación de la discriminación está en relación directa con la democracia y la participación ciudadana, pues asegura su intervención en los procesos de elección de los gobernantes. El desarrollo democrático, debe estar presente en los procesos electorales y en políticas publicas, por ello el resguardo de los derechos humanos es la tarea por excelencia de la democracia.
Hoy hay varios postulados sobre cómo debe ser esta reforma política del DF que apuntalan con claridad el dejar en manos del jefe de Gobierno del DF aspectos como la elección del Procurador y Secretario de Seguridad Publica, transferir la facultad del indulto, así como el poder presentar reformas Constitucionales, el techo presupuestario y la regularización de las Delegaciones entre otras. Lo importante, será ahora apuntalarlos y construir un posición fuerte desde los y las legisladoras garantizando la participación ciudadana, buscando los consensos y en este entendido es indispensable que seamos las y los que vivimos en el DF los responsables de diseñar nuestra Constitución y no dejar en manos de legisladores de otras entidades federativas este trabajo pues una vez más estaríamos repitiendo esquemas de pasado al no reconocer la capacidad de los y las capitalinas de discutir el contenido de nuestra Constitución que estaría basado en la experiencia y en el derecho que nos da el vivir en esta Ciudad que si es de todos los y las mexicanas es también es en dónde dormimos, trabajamos, estudiamos, usamos servicios de salud y pagamos impuestos ochos millones de defeños todos los días.
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diagnostico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Constitución del Distrito Federal – Comisión Redactora
domingo, 30 de mayo de 2010
Equidad de género en el trabajo
Sin duda hablar de equidad y de género se ha convertido en uno de los discursos más recurridos por políticos, académicos y especialistas de la sociedad civil en el tema.
Entendemos por equidad la posibilidad para alcanzar la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias, con el fin de eliminar la discriminación por género, raza, religión etc. Es la construcción social del significadlo sobre la diferencia sexual y su constatación material en las diferencias corporales.
El rol de las mujeres en las familias y en la economía del país ha sufrido un cambio significativo e irreversible. Cada vez más mujeres son las jefas de familia lo cual significa que tienen la responsabilidad total se ser proveedoras en el hogar o bien de corresponsabilidad con el varón pero de todos modos combinado actividades laborales con las de ama de casa y la responsabilidad de los hijos.
Según datos del INEGI, en el país la tasa de participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico pasó del 17.6% en 1970 a 40% en 2006, es decir, tuvo un aumento de 23 mujeres más por cada 100; sin embargo, la participación global de las mujeres es cuatro veces menor que la de los hombres. Para el 2007, según la encuesta nacional de uso del tiempo, persistía la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a su tasa de participación. [1]
¿Qué significa la equidad de género en el contexto laboral de México hoy?
La equidad laboral es la posibilidad de avanzar sustantivamente en el reconocimiento de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Ya que mientras que el 6.3% de los hombres que trabajan obtiene ingresos menores a un salario mínimo el porcentaje de mujeres con este ingreso bajo es del 11.5%, en el grupo de ingresos superiores a 10 salarios mínimos, hay 6.9% de hombres contra un 3.6% de mujeres. De acuerdo con el INEGI, para que haya equidad salarial entre hombres y mujeres en el plano nacional, el salarios de éstas debería aumentar en 8.8% por hora.
Desafortunadamente la equidad de género en materia laboral no se resuelve desde los números y los porcentajes. Para resolver el problema se necesitan un esfuerzo de voluntad política de un verdadero cambio de cultura. La Ley ahí está, se trata de voltear la vista al reconocimiento de los derechos laborales tanto por los patrones, las autoridades y la familia, entre otras; es fortalecer la denuncia ante las irregularidades; es crear instituciones fuertes y responsables de su compromiso para que cumplan con su deber en la defensoría de la equidad; es hacer políticas publicas que tengan en el centro el empoderamiento de las mujeres para que su inserción en la vida laboral sea más justa.
Ya decíamos que las normas de contratación, aunque por vía de la legalidad no enuncia restricciones ni discriminación entre género e incluso, por ejemplo está prohibida la prueba de embarazo, lo cierto es que hoy por hoy muchas mujeres son sometidas a pruebas de ingravidez. Su contratación está en función de su vida fértil y su pago en relación a su responsabilidad como madre, es decir, hijos en edad escolar que demanden juntas o atención a enfermedades.
Aunque es en las empresas y fábricas donde más vemos este tipo de maltratos, me gustaría referirme al caso específico de las empleadas domésticas, en dónde encontramos uno de los rangos más amplios de explotación laboral. ¿Cuántas “Amas de casa” contratan a trabajadoras domésticas embarazadas o con hijos pequeños? ¿Cuántas de estas mujeres cuentan con seguro social, guarderías, primas de vacaciones, aguinaldo, liquidación o jubilación? Es en verdad sorprendente que esta franja de mujeres trabajadoras tenga como verdugas patronales a las propias mujeres, las cuales muy posiblemente se enfrenten a la misma discriminación en su trabajo y en su ámbito familiar y que, apelando a razonamientos como aquí come, le doy techo, no gasta en agua ni en gas, son permisivas y peor aún, promotoras de este tipo de prácticas que se convierten en argumentos válidos para una sociedad que demanda equidad de género en el trabajo. A esto hay que sumarle los abusos sexuales del “patrón” y los sobrenombres de chahas, gatas, criadas, indias, etc.
Esta sociedad mexicana también debe hacer un cambio de cultura sumando los principios de derechos humanos al interior de su vida diaria, en donde replica ejercicios claramente discriminatorios. No debemos continuar solapando este tipo de prácticas que lo único que logran es que desde la familia se aprendan ejercicios que favorecen la desigualdad.
Para fortalecer a las mujeres es necesario que el Estado promueva más la cultura de la denuncia y dar certeza del acompañamiento y del cumplimiento de la Ley. El trabajo no sólo resuelve el aspecto económico sino que dignifica a la persona que lo hace, y ésa también es responsabilidad de las autoridades, es decir, la búsqueda a través de políticas públicas y acciones para que las y los que vivimos en este país lo hagamos de la mejor manera posible. Siendo felices, si no la naturaleza humana perdería su esencia y sería sólo un producto que pone a la venta sus servicios. Así que entre mas mujeres empoderadas laboralmente tengamos en nuestro país mas equidad laboral habrá.
________________________________________
[1] Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pág. 574 Derechos laborales
Entendemos por equidad la posibilidad para alcanzar la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias, con el fin de eliminar la discriminación por género, raza, religión etc. Es la construcción social del significadlo sobre la diferencia sexual y su constatación material en las diferencias corporales.
El rol de las mujeres en las familias y en la economía del país ha sufrido un cambio significativo e irreversible. Cada vez más mujeres son las jefas de familia lo cual significa que tienen la responsabilidad total se ser proveedoras en el hogar o bien de corresponsabilidad con el varón pero de todos modos combinado actividades laborales con las de ama de casa y la responsabilidad de los hijos.
Según datos del INEGI, en el país la tasa de participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico pasó del 17.6% en 1970 a 40% en 2006, es decir, tuvo un aumento de 23 mujeres más por cada 100; sin embargo, la participación global de las mujeres es cuatro veces menor que la de los hombres. Para el 2007, según la encuesta nacional de uso del tiempo, persistía la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a su tasa de participación. [1]
¿Qué significa la equidad de género en el contexto laboral de México hoy?
La equidad laboral es la posibilidad de avanzar sustantivamente en el reconocimiento de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Ya que mientras que el 6.3% de los hombres que trabajan obtiene ingresos menores a un salario mínimo el porcentaje de mujeres con este ingreso bajo es del 11.5%, en el grupo de ingresos superiores a 10 salarios mínimos, hay 6.9% de hombres contra un 3.6% de mujeres. De acuerdo con el INEGI, para que haya equidad salarial entre hombres y mujeres en el plano nacional, el salarios de éstas debería aumentar en 8.8% por hora.
Desafortunadamente la equidad de género en materia laboral no se resuelve desde los números y los porcentajes. Para resolver el problema se necesitan un esfuerzo de voluntad política de un verdadero cambio de cultura. La Ley ahí está, se trata de voltear la vista al reconocimiento de los derechos laborales tanto por los patrones, las autoridades y la familia, entre otras; es fortalecer la denuncia ante las irregularidades; es crear instituciones fuertes y responsables de su compromiso para que cumplan con su deber en la defensoría de la equidad; es hacer políticas publicas que tengan en el centro el empoderamiento de las mujeres para que su inserción en la vida laboral sea más justa.
Ya decíamos que las normas de contratación, aunque por vía de la legalidad no enuncia restricciones ni discriminación entre género e incluso, por ejemplo está prohibida la prueba de embarazo, lo cierto es que hoy por hoy muchas mujeres son sometidas a pruebas de ingravidez. Su contratación está en función de su vida fértil y su pago en relación a su responsabilidad como madre, es decir, hijos en edad escolar que demanden juntas o atención a enfermedades.
Aunque es en las empresas y fábricas donde más vemos este tipo de maltratos, me gustaría referirme al caso específico de las empleadas domésticas, en dónde encontramos uno de los rangos más amplios de explotación laboral. ¿Cuántas “Amas de casa” contratan a trabajadoras domésticas embarazadas o con hijos pequeños? ¿Cuántas de estas mujeres cuentan con seguro social, guarderías, primas de vacaciones, aguinaldo, liquidación o jubilación? Es en verdad sorprendente que esta franja de mujeres trabajadoras tenga como verdugas patronales a las propias mujeres, las cuales muy posiblemente se enfrenten a la misma discriminación en su trabajo y en su ámbito familiar y que, apelando a razonamientos como aquí come, le doy techo, no gasta en agua ni en gas, son permisivas y peor aún, promotoras de este tipo de prácticas que se convierten en argumentos válidos para una sociedad que demanda equidad de género en el trabajo. A esto hay que sumarle los abusos sexuales del “patrón” y los sobrenombres de chahas, gatas, criadas, indias, etc.
Esta sociedad mexicana también debe hacer un cambio de cultura sumando los principios de derechos humanos al interior de su vida diaria, en donde replica ejercicios claramente discriminatorios. No debemos continuar solapando este tipo de prácticas que lo único que logran es que desde la familia se aprendan ejercicios que favorecen la desigualdad.
Para fortalecer a las mujeres es necesario que el Estado promueva más la cultura de la denuncia y dar certeza del acompañamiento y del cumplimiento de la Ley. El trabajo no sólo resuelve el aspecto económico sino que dignifica a la persona que lo hace, y ésa también es responsabilidad de las autoridades, es decir, la búsqueda a través de políticas públicas y acciones para que las y los que vivimos en este país lo hagamos de la mejor manera posible. Siendo felices, si no la naturaleza humana perdería su esencia y sería sólo un producto que pone a la venta sus servicios. Así que entre mas mujeres empoderadas laboralmente tengamos en nuestro país mas equidad laboral habrá.
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[1] Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pág. 574 Derechos laborales
viernes, 21 de mayo de 2010
La Equidad de Género: Al momento de legislar
“Ahora más que nunca entiendo el significado de utopía porque es la mejor forma de mantener viva la esperanza y seguir siempre luchando hasta que las fuerzas nos alcancen… tenemos que reivindicar el género sin perder nuestra identidad ni nuestras demandas, insertarlo en la agenda política nacional, replanteando su inclusión en la comunidad y los grupos sociales”.
Celia Loría
Introducción.
El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo a nivel federal con un total de 500 diputados y diputadas; su sede oficial es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los legisladores tiene como uno de sus mandatos ser representantes del pueblo de México y llevar su voluntad al Congreso a través de acciones afirmativas e iniciativas de Ley. Y es desde este mandato, que se propone impulsen políticas publicas con perspectiva de equidad de genero.
En las cifras del INEGI al cierre del Conteo de Población y Vivienda de octubre de 2005 permiten concluir que en México el 51.3% de la población está compuesto por mujeres. Esta paridad no la encontramos en la vida social ya que la desigualdad entre hombres y mujeres se expresa en los más diversos ámbitos de la vida, es cierto que las diferencias son un hecho en la identidad de las personas, pero también es cierto que en las sociedades democráticas se aspira al reconocimiento positivo de las diferencias para que éstas no se traduzcan en desigualdad en la relaciones sociales.
La igualdad es un principio que desde el marco del Derecho y del Estado busca normar las relaciones, bajo el supuesto de que todas las personas son reconocidas con igual libertad y dignidad humana. La igualdad pues, no se refiere a la identidad de las personas, sino a su reconocimiento social y principalmente ante el Estado. En la actualidad el principio de igualdad se integra por otros dos más: la no discriminación y la equidad.
Los congresos, tanto federales como locales, están obligados al cumplimiento de los Derechos Humanos y allegarse de herramientas suficientes y sostenidas para legislar con perspectiva de equidad de género; en la medida en que lo hagan, estaremos en la posibilidad de cerrar la brecha en donde las diferencias se convierten en acciones de discriminación.
El Marco Jurídico
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, así como la Declaración Americana de Derechos Humanos, tutelan los principios de igualdad y de no discriminación en todo su articulado. Son derechos fundamentales cuyo ejercicio ayuda al fortalecimiento de la interdependencia de los derechos humanos.
En este sentido se hace mención principalmente a dos convenciones: la “Convención de Bleme do Pará” y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) La primera Tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado. En el Art. primero de la convención (CEDAW) se define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer..”. Ambas convenciones han sido ratificadas por el Estado Mexicano.
En el Marco Jurídico Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 133 dice: “Esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emana de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de todas la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrarío que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.
Para alcanzar la igualdad es necesario reconocer las diferencias y contar con herramientas que permitan definir criterios e indicadores para identificar las prácticas y los hechos discriminatorios con el fin de eliminar la discriminación y construir condiciones para valorar las diferentes condiciones que antes eran motivo de discriminación. Algunas acciones producidas, desde criterios de equidad, son las acciones afirmativas. También nombradas en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) como medidas especiales de carácter temporal que están encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, son medidas especiales de carácter temporal, que bajo criterios de equidad reconocen las diferencias de las personas y los grupos sociales con el fin de eliminar la discriminación de que puede ser objeto y así garantizar la igualdad y reconocimiento pleno de sus libertades.
Cuando hablamos de institucionalizar la perspectiva de género en los congresos nos referimos a tratar de incorporar nuevos principios y objetivos en las rutinas y normas del quehacer de una organización que lleve a transformar buena parte del aparato público y de la cultura institucional predominante en las organizaciones. La perspectiva de género implica incorporar en el trabajo legislativo los principios de libertad e igualdad entre los géneros y criterios equitativos que al momento de elegir, diseñar y evaluar políticas públicas ayuden a eliminar la discriminación.
Conclusión.
Es preciso reconocer que existen diferencias sustantivas en las vidas de mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales y que deben ser contemplados en el trabajo legislativo incorporando los principios de igualdad y no discriminación de manera transversal.
El cumplimento de los Derechos Humanos no está sujeto ni a la dádiva de los gobiernos en turno ni a su buena voluntad, sino a compromisos fincados a nivel internacional que se convierten en obligatorios por nuestra Constitución.
Es responsabilidad y mandato de las y los legisladores incorporar la perspectiva de equidad de género al presentar iniciativas de ley, dictaminar y votar, sin importar la ideología partidaria del la que provengan. Esa debería ser su condición principal al ser representantes del pueblo y desde ahí lo deben hacer resguardo los principios de no discriminación e igualdad.
Celia Loría
Introducción.
El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo a nivel federal con un total de 500 diputados y diputadas; su sede oficial es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los legisladores tiene como uno de sus mandatos ser representantes del pueblo de México y llevar su voluntad al Congreso a través de acciones afirmativas e iniciativas de Ley. Y es desde este mandato, que se propone impulsen políticas publicas con perspectiva de equidad de genero.
En las cifras del INEGI al cierre del Conteo de Población y Vivienda de octubre de 2005 permiten concluir que en México el 51.3% de la población está compuesto por mujeres. Esta paridad no la encontramos en la vida social ya que la desigualdad entre hombres y mujeres se expresa en los más diversos ámbitos de la vida, es cierto que las diferencias son un hecho en la identidad de las personas, pero también es cierto que en las sociedades democráticas se aspira al reconocimiento positivo de las diferencias para que éstas no se traduzcan en desigualdad en la relaciones sociales.
La igualdad es un principio que desde el marco del Derecho y del Estado busca normar las relaciones, bajo el supuesto de que todas las personas son reconocidas con igual libertad y dignidad humana. La igualdad pues, no se refiere a la identidad de las personas, sino a su reconocimiento social y principalmente ante el Estado. En la actualidad el principio de igualdad se integra por otros dos más: la no discriminación y la equidad.
Los congresos, tanto federales como locales, están obligados al cumplimiento de los Derechos Humanos y allegarse de herramientas suficientes y sostenidas para legislar con perspectiva de equidad de género; en la medida en que lo hagan, estaremos en la posibilidad de cerrar la brecha en donde las diferencias se convierten en acciones de discriminación.
El Marco Jurídico
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 (III), de 10 de diciembre de 1948, así como la Declaración Americana de Derechos Humanos, tutelan los principios de igualdad y de no discriminación en todo su articulado. Son derechos fundamentales cuyo ejercicio ayuda al fortalecimiento de la interdependencia de los derechos humanos.
En este sentido se hace mención principalmente a dos convenciones: la “Convención de Bleme do Pará” y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) La primera Tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado. En el Art. primero de la convención (CEDAW) se define la discriminación contra las mujeres como “toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer..”. Ambas convenciones han sido ratificadas por el Estado Mexicano.
En el Marco Jurídico Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 133 dice: “Esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emana de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de todas la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrarío que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.
Para alcanzar la igualdad es necesario reconocer las diferencias y contar con herramientas que permitan definir criterios e indicadores para identificar las prácticas y los hechos discriminatorios con el fin de eliminar la discriminación y construir condiciones para valorar las diferentes condiciones que antes eran motivo de discriminación. Algunas acciones producidas, desde criterios de equidad, son las acciones afirmativas. También nombradas en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) como medidas especiales de carácter temporal que están encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, son medidas especiales de carácter temporal, que bajo criterios de equidad reconocen las diferencias de las personas y los grupos sociales con el fin de eliminar la discriminación de que puede ser objeto y así garantizar la igualdad y reconocimiento pleno de sus libertades.
Cuando hablamos de institucionalizar la perspectiva de género en los congresos nos referimos a tratar de incorporar nuevos principios y objetivos en las rutinas y normas del quehacer de una organización que lleve a transformar buena parte del aparato público y de la cultura institucional predominante en las organizaciones. La perspectiva de género implica incorporar en el trabajo legislativo los principios de libertad e igualdad entre los géneros y criterios equitativos que al momento de elegir, diseñar y evaluar políticas públicas ayuden a eliminar la discriminación.
Conclusión.
Es preciso reconocer que existen diferencias sustantivas en las vidas de mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales y que deben ser contemplados en el trabajo legislativo incorporando los principios de igualdad y no discriminación de manera transversal.
El cumplimento de los Derechos Humanos no está sujeto ni a la dádiva de los gobiernos en turno ni a su buena voluntad, sino a compromisos fincados a nivel internacional que se convierten en obligatorios por nuestra Constitución.
Es responsabilidad y mandato de las y los legisladores incorporar la perspectiva de equidad de género al presentar iniciativas de ley, dictaminar y votar, sin importar la ideología partidaria del la que provengan. Esa debería ser su condición principal al ser representantes del pueblo y desde ahí lo deben hacer resguardo los principios de no discriminación e igualdad.
lunes, 15 de febrero de 2010
Por nada…
El sábado que leía la sección justicia del Reforma lo ultimo que esperaba era encontrar la nota que se refería al asesinato de mi cuate y es que sin la intención de entrar a detalles de cómo era él ante la vida y sobre la familia que dejó, lo sorprendente y que no me deja descansar la mente son los motivos. Siempre que escucho asaltos o asesinatos busco el móvil ¿dónde andaba, con quién andaba, a qué se dedicaba? o si se resistió al asalto y desde ahí veo mi propio riesgo y trato de darle una explicación lógica -si es que matar puede tenerla- a lo que pasó, pero cuando te dicen que lo mataron por nada… simplemente porque a los asaltante-asesinos les pareció que no debía vivir más, entonces pierdo mi capacidad de comprender, y si a eso le sumamos la ya conocida historia de ministerios públicos y jueces en donde los crímenes quedan impunes, ya no hay de dónde agarrarse y quedamos totalmente indefensos ante la violencia de las y los criminales que ahora hasta matan por nada y de una “justicia” que no hace nada.
Hace apenas unos días se modificó el artículo 40 de la Constitución en el que afortunadamente por primera vez se describe al Estado Mexicano como laico y simplemente tratando de hacer alusión ha estos dos hechos recuerdo el decir popular “Pero hay un Dios que todo lo ve” y si esto es cierto entonces parece que lo único que nos queda a los y las que vivimos en esta ciudad y en este país laico es dejar en la manos de la justicia divina que todo lo ve lo que no podrá hacer ni ver por corrupta e incompetente el sistema de justicia. Porque, bueno, me queda claro, que ha estos ¡no los van a encontrar!, entre otras razones, porque nadie los va buscar. Y así, la lista de los crímenes de los y las no conocidos crece pero es que, qué podemos esperar si casos como el News Divine, la guardería ABC, los chicas y chicos asesinados en Chihuahua hace unos días, las mujeres asesinadas de Juárez, el caso Martí, que han cimbrado a la sociedad, no se resuelven, mucho, mucho menos el de mi cuate, así que por favor no me hablen de pactos de seguridad, porque en verdad por nada les creo .
Hace apenas unos días se modificó el artículo 40 de la Constitución en el que afortunadamente por primera vez se describe al Estado Mexicano como laico y simplemente tratando de hacer alusión ha estos dos hechos recuerdo el decir popular “Pero hay un Dios que todo lo ve” y si esto es cierto entonces parece que lo único que nos queda a los y las que vivimos en esta ciudad y en este país laico es dejar en la manos de la justicia divina que todo lo ve lo que no podrá hacer ni ver por corrupta e incompetente el sistema de justicia. Porque, bueno, me queda claro, que ha estos ¡no los van a encontrar!, entre otras razones, porque nadie los va buscar. Y así, la lista de los crímenes de los y las no conocidos crece pero es que, qué podemos esperar si casos como el News Divine, la guardería ABC, los chicas y chicos asesinados en Chihuahua hace unos días, las mujeres asesinadas de Juárez, el caso Martí, que han cimbrado a la sociedad, no se resuelven, mucho, mucho menos el de mi cuate, así que por favor no me hablen de pactos de seguridad, porque en verdad por nada les creo .
miércoles, 13 de enero de 2010
Así que ahora llámame Filibustera
Hoy me llego un correo pidiéndome lo siguiente : Quizá me ilustres como lo hiciste con una reciente maniobra defilubusterismo legislativo en la Asamblea. Y si... soy Filibustera cuando el gobierno quiere imponer Políticas Publicas en contra de los Derechos Humanos.
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