martes, 8 de junio de 2010

Ponencia en el “Foro Ciudadano: Políticas Públicas urgentes para el Distrito Federal”: Mesa discusión sobre Reforma Política

Una ciudad con 1,485 Km2 de superficie a 2,200 metros a nivel del mar, dividida en 16 delegaciones políticas donde se ubican 482 localidades. Está habitada por 8´720,916 habitantes, 53% mujeres y 48% hombres, lo que representa 8.4% de las 103’263,388 personas que suman el total de la nación. Esta ciudad se ubica como la segunda entidad más poblada del país y tiene el primer lugar nacional por su contribución al Producto Interno Bruto del país con el 21.5%. Esta ciudad, es la Ciudad de México y sus habitantes no gozan de derechos políticos plenos.

México esta integrado por 32 entidades políticas autónomas y con idénticas facultades pero sólo una de ellas, el Distrito Federal, tienen un régimen jurídico diferenciado el resto. El principal razonamiento que en su momento se usó para otorgar el gobierno del Distrito Federal a la presidencia de la República y no ha sus habitantes como en el resto de las entidades del país, fue que el DF es el asiento de los poderes federales e incluso se dijo que su naturaleza (ser un distrito federal) impedía que tuviera poderes locales. Sin embargo el principio que rige la formación de las federaciones es el trato igualitario entre las federativas que lo conforman
El Distrito Federal ha tenido un largo proceso de reforma políticas. En 1861 Benito Juárez expidió un decreto con el que se dividió el territorio del DF en la municipalidad de México, ejerciendo la autoridad un gobernador que era nombrado por el Presidente de la República. Porfirio Díaz también promovió varias reformas para el DF con el apego a la consigna “poca política mucha administración”. En 1903 se promulgó la Ley de Organización Política y Municipalidad Federal, en la cual el congreso determinó que el orden administrativo político y municipal dependiera del Presidente por conducto de la Secretaría de Gobernación. En 1917 el Constituyente nuevamente debatió la necesidad de dotar a los poderes federales de una sede en un espacio amplio autónomo suficiente y que pudiera ejercer sus funciones de forma integral y se estableció el Distrito Federal como parte integral de la Federación. En abril de 1928 Álvaro Obregón envió una iniciativa que reformaba sustancialmente las bases constitucionales sobre las cuales el Congreso podía legislar en lo relativo al Distrito Federal. Se suprimió la elección popular, lo cual implicó un duro golpe a los derechos políticos de los habitantes del DF al no poder ser votados y votar, lo cual atenta contra el Capitulo I de las garantías individuales de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Como enunciamos, muchas fueron las Reformas políticas que sufrió el D. F. y las violaciones de los derechos políticos de los y la ciudadanas eran ocultados bajo diversos argumentos, tales como “al elegir al Presidente de la República los capitalinos estaban también eligiendo al Poder ejecutivo de su localidad y por lo tanto no se violaban sus derechos políticos y lo mismo sucedía en el poder legislativo”, de esta forma los poderes federales tendían una doble representatividad para toda la República y para el Distrito Federal, pero la verdad era que todos los ciudadanos del país que votaban decidían también por lo que pasaba en el DF.
En 1986 se logró echa andar un proceso de reforma de la estructura política del DF: “la renovación política electoral” mediante la cual se modificó el artículo 73 fracción VI constitucional. De dicho proceso surgió la Asamblea de Representantes del DF. Después vino la reforma de 1993 en la que se otorgan facultades legislativas a la Asamblea de Representantes del DF. La reforma constitucional de 1996, como tercer y último proceso importante de reforma del marco político del DF, se llevó a cabo sobre el artículo 122 de la Constitución, que consolidó la figura de Jefe de Gobierno del DF y cambió el poder legislativo local al de Asamblea Legislativa del DF y el voto ciudadano por la elección en las Delegaciones.
En 1998 se creó el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 26 de noviembre de 1998 se promulgó la nueva ley de Participación Ciudadana para que finalmente el 4 de julio 1999 se llevaran acabo elecciones en el Distrito Federal.[2]
Cuando hablamos de políticas públicas urgentes para el Distrito Federal, necesariamente nos referimos a la Reforma Política para el DF ya que está en entre dicho el ejercicio democrático de los y las capitalinas al ser discriminados en sus derechos políticos. Decimos que para defender el derecho a la no discriminación debemos alcanzar la igualdad, que busca eliminar toda distinción, exclusión o restricción que esté basada en cualquier tipo de diferencia, sea por sexo, por edad, etnia, territorio, etc. y que tenga por objeto o resultado asegurar los derechos humanos como las libertades fundamentales de las personas.
El Estado está obligado a tratar a todas y todos sus habitantes en igualdad de circunstancias, es un principio que desde el marco del derecho y del Estado busca normar las relaciones, bajo supuestos de que todas las personas son reconocidas con igualdad humana y libertad. Esta libertad implica el reconocimiento en las personas de ser sujetos de razón, y por lo tanto de su capacidad para decidir, en su propia vida y en la sociedad. A las y los que habitamos en el Distrito Federal se nos había negado el reconocimiento precisamente de ésta capacidad y derecho que tenemos para decidir a nuestro gobernantes, secretarios, techo presupuestario, políticas públicas que queremos. etc. como lo hacen el resto de las entidades federativas del país.
La eliminación de la discriminación está en relación directa con la democracia y la participación ciudadana, pues asegura su intervención en los procesos de elección de los gobernantes. El desarrollo democrático, debe estar presente en los procesos electorales y en políticas publicas, por ello el resguardo de los derechos humanos es la tarea por excelencia de la democracia.
Hoy hay varios postulados sobre cómo debe ser esta reforma política del DF que apuntalan con claridad el dejar en manos del jefe de Gobierno del DF aspectos como la elección del Procurador y Secretario de Seguridad Publica, transferir la facultad del indulto, así como el poder presentar reformas Constitucionales, el techo presupuestario y la regularización de las Delegaciones entre otras. Lo importante, será ahora apuntalarlos y construir un posición fuerte desde los y las legisladoras garantizando la participación ciudadana, buscando los consensos y en este entendido es indispensable que seamos las y los que vivimos en el DF los responsables de diseñar nuestra Constitución y no dejar en manos de legisladores de otras entidades federativas este trabajo pues una vez más estaríamos repitiendo esquemas de pasado al no reconocer la capacidad de los y las capitalinas de discutir el contenido de nuestra Constitución que estaría basado en la experiencia y en el derecho que nos da el vivir en esta Ciudad que si es de todos los y las mexicanas es también es en dónde dormimos, trabajamos, estudiamos, usamos servicios de salud y pagamos impuestos ochos millones de defeños todos los días.
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diagnostico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Constitución del Distrito Federal – Comisión Redactora